Gobernanza empresarial, empresas y derechos humanos
Aspectos clave del informe del Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas (Asamblea General de las Naciones Unidas, octogésimo primer período de sesiones, 14 de julio de 2026). Nota informativa para expertos en derecho, cumplimiento, empresa y derechos humanos. Elaborada por Ancora Institute for Business & Human Rights.
Resumen ejecutivo
Mensaje central. La gobernanza empresarial que respeta los derechos humanos es un elemento fundamental de la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos. El Grupo de Trabajo concluye que la aplicación de los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos debería formar parte de las obligaciones de los miembros de la junta directiva y de las responsabilidades de todos los altos directivos, con independencia de que la legislación nacional lo exija.
Cinco conclusiones principales
- Las juntas directivas y la alta dirección impulsan los resultados en derechos humanos. Sus decisiones tienen repercusiones en todo el mundo sobre los trabajadores y las comunidades y, en contextos de conflicto, sobre la paz y la seguridad.
- Las obligaciones de los miembros de la junta directiva se amplían. Existe una base creciente para interpretarlas como un deber de supervisión estrecha de los riesgos para los derechos humanos, aunque la primacía de los accionistas sigue dominando.
- La responsabilidad personal crece. Dimisiones, condenas y reclamaciones por falta de supervisión (Rio Tinto, Lafarge, Brumadinho, jurisprudencia de Delaware) muestran una exposición real para los miembros de la junta y los directivos.
- Los riesgos para los derechos humanos pueden ser sustanciales. Deben tratarse como tales en la gestión de riesgos y en la información a la junta, y no solo por referencia al coste del incumplimiento.
- La práctica de gobernanza va por detrás. Pocas empresas tienen políticas integradas, líneas jerárquicas directas o conocimientos especializados en la junta: solo el 7 % describe con claridad la cadena de responsabilidad en materia de derechos humanos y solo el 22 % describe los conocimientos especializados de la junta en esa materia.
Implicaciones prácticas
- Junta directiva: asignar de forma explícita la supervisión de los derechos humanos, desarrollar conocimientos especializados y revisar los planes de incentivos, vinculando la remuneración a indicadores clave del desempeño en materia de derechos humanos.
- Jurídico: evaluar la exposición a la responsabilidad personal de los miembros de la junta y de los directivos, documentar la supervisión de la junta y evitar las demandas estratégicas contra la participación pública (SLAPP, por sus siglas en inglés: strategic lawsuits against public participation).
- Cumplimiento: integrar la diligencia debida en materia de derechos humanos en la gestión del riesgo empresarial, con escalado y datos de reclamaciones que lleguen a la junta; prepararse para el escrutinio de la Directiva de la Unión Europea sobre Diligencia Debida de las Empresas en materia de Sostenibilidad (CSDDD), de la Directiva relativa a la Presentación de Información sobre Sostenibilidad por parte de las Empresas (CSRD) y del Reglamento sobre el Trabajo Forzoso.
- Función de derechos humanos: asegurar líneas jerárquicas directas con el director general y con la junta, y priorizar los riesgos más graves en toda la cadena de valor, con mayor diligencia debida en las zonas afectadas por conflictos.
- Perspectiva: se espera que los Estados avancen hacia la diligencia debida obligatoria, la divulgación de las responsabilidades de los miembros de la junta, las sanciones personales y una legitimación más amplia de quienes no son accionistas para presentar reclamaciones. (Estimación de Ancora Institute, no una conclusión del informe).
1. El informe en síntesis
| Elemento | Resumen |
|---|---|
| Autor | Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas |
| Ámbito | Obligaciones de los miembros de la junta directiva y responsabilidades de los altos directivos en grandes empresas privadas y empresas públicas |
| Marco | Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos (UNGP): deber del Estado de proteger, responsabilidad de las empresas de respetar y acceso a vías de reparación efectivas |
| Base de evidencia | Revisión documental, más de 80 contribuciones de partes interesadas y consultas |
| Mensaje central | La aplicación de los Principios Rectores debería formar parte de las obligaciones de los miembros de la junta directiva y de las responsabilidades de todos los altos directivos |
2. Cinco mensajes principales
- Los derechos humanos son asunto de la junta directiva. La gobernanza que respeta los derechos humanos es un elemento fundamental de la responsabilidad de respetarlos, y debe integrarse desde la cúspide de la empresa.
- Las obligaciones de los miembros de la junta directiva están evolucionando. El Grupo de Trabajo considera que existe una base creciente para interpretarlas como una supervisión estrecha de los riesgos para los derechos humanos.
- La responsabilidad personal es real. Directores generales, altos directivos y miembros de la junta han dimitido o han sido considerados responsables (Rio Tinto, Lafarge), y un órgano regulador del mercado de valores ha exigido a los miembros de la junta que se informen activamente (Brumadinho).
- Los riesgos para los derechos humanos pueden ser sustanciales. Deben tratarse como tales en la gestión de riesgos y en la información a la junta, y no solo por referencia al coste del incumplimiento.
- Los incentivos importan. La remuneración a corto plazo ligada al precio de las acciones puede aumentar el riesgo para los derechos humanos; la remuneración debe vincularse a indicadores clave del desempeño en materia de derechos humanos.
3. Por qué importa: casos citados en el informe
| Caso | Qué ocurrió | Enseñanza |
|---|---|---|
| Rio Tinto (Australia, 2020) | El director general, dos altos directivos, el presidente de la junta directiva y un miembro no ejecutivo dimitieron tras la destrucción del patrimonio cultural de los Pueblos Indígenas en Juukan Gorge. | La falta de conocimientos y de supervisión por parte de la junta tiene consecuencias para los dirigentes. |
| Lafarge (Francia, 2026) | El antiguo director general y un alto directivo fueron declarados culpables de financiación del terrorismo vinculada a pagos a grupos armados en la República Árabe Siria. Penas de prisión de 3 a 6 años; multa máxima para la empresa. | Las zonas de conflicto exigen una diligencia debida reforzada y una supervisión estrecha por parte de la junta. |
| Chiquita (Colombia) y BNP Paribas (Sudán) | La actividad empresarial de apoyo a partes en conflictos armados dio lugar a litigios en Estados Unidos. En el caso de Sudán, un jurado estadounidense concluyó que BNP Paribas facilitó atrocidades. | La conducta empresarial puede afectar a la paz y la seguridad. |
| Presa de Brumadinho (Brasil, 2019) | El órgano regulador del mercado de valores concluyó que los miembros de la junta debían informarse activamente; confiar en opiniones de expertos no los eximía de esa obligación. | La diligencia exige un examen crítico de la información sobre riesgos. |
| Boohoo (Reino Unido) | Se ignoraron abusos laborales porque el crecimiento y el beneficio se priorizaron en el nivel más alto de la dirección. | Las cuestiones de derechos humanos suelen señalar un riesgo sistémico y sustancial. |
| Caremark / Marchand / McDonald's (Delaware, Estados Unidos) | Las reclamaciones por falta de supervisión («señales de alerta») pueden generar responsabilidad personal para los miembros de la junta y, desde el caso McDonald's, para los directivos. | Los sistemas de información y reporte deben cubrir los riesgos críticos para la misión de la empresa. |
4. Tendencias regulatorias clave
| Ámbito | Aspectos destacados del informe |
|---|---|
| Modelos de obligaciones de los administradores | La primacía de los accionistas sigue dominando. Otros modelos: «valor accionarial ilustrado» en el Reino Unido (Ley de Sociedades de 2006, art. 172); reforma de 2023 en Nueva Zelanda que permite tener en cuenta cuestiones ambientales, sociales y de gobernanza; obligaciones hacia las partes interesadas en Ghana (Ley de Sociedades de 2019, art. 190) y en la India (Ley de Sociedades de 2013); función social de la empresa en el Brasil. |
| Diligencia debida obligatoria | Francia (deber de vigilancia, 2017), Alemania (Ley sobre Obligaciones de Diligencia Debida de las Empresas en las Cadenas de Suministro, 2021, con un responsable de derechos humanos y responsabilidad del órgano de dirección) y la CSDDD (Directiva (UE) 2024/1760). El Grupo de Trabajo considera preocupante que la CSDDD haya excluido disposiciones explícitas sobre las obligaciones de los miembros de la junta directiva, lo que aleja esa Directiva de la aplicación de los Principios Rectores. |
| Otra legislación de la UE | CSRD, Reglamento sobre Minerales Conflictivos, Reglamento sobre el Trabajo Forzoso y Reglamento sobre Baterías (alta dirección responsable de la política de diligencia debida; registros durante 10 años). |
| Información | Las declaraciones sobre esclavitud moderna (Reino Unido, Australia, Canadá) requieren aprobación de la junta, pero la ausencia de sanciones produce una calidad desigual; la aprobación suele ser un mero trámite. |
| Bolsas de valores | Normas de ESG crecientes en los requisitos de cotización (Singapur, Hong Kong, Johannesburgo, con el King Code), pero la aplicación se basa sobre todo en la divulgación y la reputación. |
| Remuneración | La Ley alemana sobre sociedades por acciones exige que la remuneración de los miembros de la junta de las sociedades cotizadas promueva el desarrollo empresarial sostenible, incluidas las prácticas socialmente responsables. |
| Regímenes de responsabilidad | Canadá (ley sobre trabajo forzoso, con responsabilidad de los miembros de la junta y de los directivos), Australia, Grecia, Chequia (responsabilidad estricta en materia medioambiental), doctrina estadounidense del responsable corporativo y la «lista sucia» (dirty list) del Brasil. |
5. Lagunas de gobernanza detectadas
- Muy pocas empresas tienen políticas de derechos humanos, y las que existen no están integradas en toda la empresa.
- Muy pocos responsables de derechos humanos reportan directamente a la junta o al equipo directivo; solo el 7 % de las empresas describe con claridad la cadena de responsabilidad.
- Solo el 22 % de las empresas describe los conocimientos especializados en derechos humanos del miembro de la junta o del comité responsable.
- La gestión de los riesgos de derechos humanos está fragmentada entre funciones (compras, privacidad, medio ambiente), sin un escalado claro.
- La revisión de incidentes y de la reparación a nivel de la junta es poco frecuente.
- Las reparaciones por incumplimientos de gobernanza suelen ir a la empresa, no a las víctimas; las reclamaciones requieren normalmente acciones derivadas de accionistas.
6. El caso de negocio
- Datos de la UE: los costes de cumplimiento son relativamente reducidos, mientras que disminuyen los costes reputacionales, litigiosos y operativos.
- Un mejor desempeño en derechos humanos se asocia a un mayor rendimiento de los activos, sin una menor valoración de mercado.
- El 70 % de las políticas de inversión de los firmantes de los Principios para la Inversión Responsable (PRI) incluye directrices de derechos humanos, y el 95 % asigna la supervisión de la inversión responsable a juntas o directivos.
- Buenas prácticas: Puma (un 3,3 % de la bonificación anual de todo su personal directivo vinculado a derechos humanos y un 3,3 % al clima), Albemarle (responsabilidad de la junta sobre el abastecimiento responsable de litio), POSCO (declaración de gestión de derechos humanos del grupo, 2025) y Natura (cuenta de resultados integrada).
7. Recomendaciones
A las empresas (en especial, grandes empresas y empresas públicas)
- Integrar el respeto por los derechos humanos en la gobernanza empresarial, bajo la supervisión directa de la junta, con sistemas integrados de gestión de riesgos y de diligencia debida en materia de derechos humanos.
- Aplicar una mayor diligencia debida en las zonas afectadas por conflictos, revisada periódicamente por la junta.
- Incorporar los derechos humanos en la estrategia, la gestión de riesgos y la evaluación del desempeño.
- Garantizar líneas jerárquicas directas entre los responsables de derechos humanos y el director general.
- Asignar de forma explícita la supervisión a nivel de la junta, con formación y acceso a asesoramiento especializado.
- Reconocer expresamente que las cuestiones de derechos humanos pueden ser sustanciales.
- Vincular expresamente la remuneración y los incentivos de los directivos a indicadores de desempeño en materia de derechos humanos.
- Comunicar periódicamente su desempeño en derechos humanos; establecer mecanismos de reclamación eficaces bajo la supervisión de la junta, y remediar a tiempo.
- No utilizar demandas estratégicas contra la participación pública.
- Consultar de forma significativa a los titulares de derechos que puedan verse afectados, prestando atención a los grupos vulnerables y a los riesgos diferenciados por género.
- Establecer órganos de examen independientes que evalúen la aplicación de estas recomendaciones.
A los Estados
- Alinear el derecho de sociedades y la regulación del mercado de valores con los Principios Rectores, y aclarar que las obligaciones de los miembros de la junta incluyen detectar, prevenir y mitigar las consecuencias negativas sobre los derechos humanos, también en filiales y cadenas de valor.
- Ir más allá de la primacía pura de los accionistas cuando esta impida considerar los derechos humanos.
- Aprobar leyes de diligencia debida obligatoria en materia de derechos humanos, con supervisión a nivel de la junta, que abarquen a las empresas privadas y a las empresas públicas.
- Exigir la divulgación de las responsabilidades de los miembros de la junta y de los directivos en materia de derechos humanos y de sus estructuras de incentivos, y ofrecer orientaciones sobre la remuneración.
- Introducir sanciones contra las empresas y, a título personal, contra los miembros de la junta y los directivos por la falta de supervisión eficaz, y reforzar a los reguladores.
- Hacer exigibles las normas de cotización más allá de la divulgación.
- Permitir que quienes no son accionistas (por ejemplo, ONG o reguladores) presenten reclamaciones contra los miembros de la junta.
A los inversores y a la sociedad civil
Los inversores deben utilizar su influencia, individual y colectivamente, para alentar a las empresas en las que invierten a aplicar las recomendaciones. La sociedad civil y el mundo académico deben seguir las prácticas de las empresas, apoyar los litigios de interés público, informar a los titulares de derechos sobre cómo obtener reparación e incorporar los derechos humanos y la empresa en la enseñanza universitaria y en las escuelas de administración de empresas.
8. Implicaciones prácticas por función
| Función | Aspectos a considerar |
|---|---|
| Jurídico | Evaluar la exposición a la responsabilidad personal de los miembros de la junta y de los directivos (reclamaciones por falta de supervisión, derecho penal, zonas de conflicto). Revisar las actas de la junta para comprobar la supervisión documentada en materia de derechos humanos. Revisar la estrategia litigiosa frente a las demandas estratégicas contra la participación pública. |
| Cumplimiento | Integrar los derechos humanos en la gestión de riesgos empresariales y en su escalado a la junta. Asegurar que los canales de reclamación y de denuncia alimenten la información a la junta. Prepararse para el escrutinio de la CSDDD, la CSRD y el Reglamento sobre el Trabajo Forzoso. |
| Negocio / Junta directiva | Asignar una responsabilidad explícita a la junta y desarrollar sus conocimientos especializados. Revisar los planes de incentivos por presiones de corto plazo. Tratar los derechos humanos como una cuestión sustancial en la estrategia y en las decisiones de inversión. |
| Derechos humanos | Garantizar líneas jerárquicas directas con el director general y con la junta. Priorizar los riesgos más relevantes en toda la cadena de valor bajo la supervisión de la junta. Desarrollar indicadores utilizables en la remuneración y en la evaluación comparada. |